En sentido moderno, la primera Constitución que se conoce fue la de Estados Unidos, en 1767, a la que sigue después la francesa de 1789. Y ocupa el tercer lugar la Constitución de 1812, votada por las Cortes de Cádiz.
España, que fue calificada casi durante dos siglos como "país menor de edad políticamente", supo forjarse la tercera Constitución, en el orden mundial, y la segunda si nos referimos exclusivamente a Europa, anticipándose a la configuración política que el continente europeo iba a tener. Y resulta curioso que esta demostración de clarividencia, esta prueba de que el pueblo español sabía forjarse su propio destino en circunstancias difíciles, haya permanecido silenciada, oscurecida, ignorada, por las generaciones posteriores.
Tal es el confusionismo que rodea a nuestro primer intento de codificación política, que todavía, para algunos, decir, Constitución de 1812 equivale a mencionar un texto cuya finalidad es la desmembración de la patria, la desintegración del reino. Sin embargo, la Constitución de Cádiz no pretende ser más que una reglamentación de leyes y principios "para todo", que pusiera cada cosa en su sitio y tuviera un sitio para cada cosa. El país necesitaba una escoba para barrer instituciones medievales cuyo fin lógico era el cubo de la basura. Y un plumero, hábil y enérgicamente manejado, que quitara el polvo acumulado en ciertas mentes inmovilistas.
¿Qué defecto tenía la Constitución para la minoría absolutista? Simplemente que a esa minoría no le hacía mucha gracia que el "papelucho de Cádiz", como calificaban a la Constitución de 1812, no le permitiera hacer lo que le diera la real gana. Para el absolutismo lo primero, era que el rey fuera fuente de poder. Y le tenía sin cuidado la evolución de los tiempos, de las ideas de la mentalidad colectiva.
La obra legislativa de las Cortes de Cádiz supone la liquidación de los fundamentos económicos y jurídicos sobre los que se asentaba el Antiguo Régimen; la Constitución de 1812, con la que España se abre al constitucionalismo, aspira a levantar una nueva estructura jurídico-política del Estado. En este sentido se ha dicho que la obra de Cádiz es la primera piedra de un edificio por construir.
Ya desde que la Constitución fuese jurada y proclamada, las Cortes, a través de los Decretos y Ordenes, acometieron la tarea de llevar a la realidad los proyectos constitucionales, y ello hasta el momento en que fueron disueltas.
Cabría destacar algunas de estas disposiciones por su trascendencia posterior. Así, el Decreto de libertad de imprenta de 10 de noviembre de 1810 consagraría la libre emisión del pensamiento y supondría el nacimiento del periodismo moderno frente al anterior, de carácter más bien literario, amordazado por la Inquisición y la Censura; el Decreto de 22 de febrero de 1813 de abolición de la Inquisición; los Decretos de abolición de la tortura, o la Orden en la que se declaran emancipados los esclavos del Rey, que aún existían en Guatemala, entre otros de similar signo. Destacan igualmente las numerosas disposiciones que modernizan el poder y la Administración, regulan el Consejo de Estado y organizan los Tribunales de Justicia, en lo civil y criminal, y el Supremo Tribunal, creado por la Constitución. Pero quizá las normas de mayor importancia para la supresión de los fundamentos de la sociedad estamental sean las de abolición de los señoríos, inicio de la desamortización eclesiástica y parcelación de los bienes de propios, realengos y baldíos, así como el establecimiento de la libertad de trabajo.
La obra de Cádiz fue inmensa. Los Diputados doceañistas sentaron las bases de lo que hoy se entiende por Estado de Derecho y sociedad democrática, fundada en los principios de soberanía nacional, justicia e igualdad. Cádiz fue la cuna del constitucionalismo español y su influencia perduró a lo largo de todo el siglo XIX hasta hoy no sólo en España, sino en muchas otras naciones, y muy particularmente en los países hispanoamericanos.
El 4 de mayo de 1814, por un decreto manifiesto firmado en Valencia por Fernando VII, se disuelven las Cortes y se anula la Constitución. ¡Aquí no ha pasado nada! Fernando VII y sus consejeros, consideran que todo debe continuar igual que antes. Cuantos estimen lo contrario serán perseguidos, y bastará decir "¡Viva la Constitución de Cádiz!" para que corten tranquilamente la cabeza al ciudadano vociferante.
El recibimiento de Fernando VII, previamente preparado por las minorías, que no querían límite alguno a su monopolio de poder, estuvo a tono con la "elegancia moral" de este tipo de gente. Aclamado a los gritos de "¡Vivan las cadenas! y "¡Muera la nación!" -gritos susceptibles de enrojecer a cualquier ciudadano-, los fanáticos absolutistas desengancharon los caballos del coche fernandino en algunos puntos del trayecto, sustituyendo a las bestias con notable gallardía. Y como dice una copla de esta vieja tierra del Sur: "Por gritar ¡Viva la Pepa! / me metieron en la cárcel, / y después que me sacaron / ¡viva la Pepa y su madre!"
Francisco Arias Solis: http://www.arrakis.es/~aarias , aarias@arrakis.es .
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